I. Introducción.
II. Antecedentes históricos.
III. Instituciones europeas.
IV. Los procedimientos legislativos en la Unión.
V. Los efectos del derecho comunitario sobre el derecho nacional.
VI. Los instrumentos legislativos en el ámbito europeo.
VII. Las posibles competencias de la Unión Europea en materia penal.
VIII. El proceso de armonización del derecho penal en la Unión Europea.
IX. Cuestiones relativas al principio de legalidad.
X. Cuestiones relativas al principio de proporcionalidad.
XI. Balance y conclusiones.
La presente obra versa sobre el progresivo acercamiento de las normas penales de los Estados miembros de la Unión Europea, surgido e impulsado por los retos que plantea la creciente integración económica, política y jurídica del entorno comunitario, en el que han proliferado multitud de fenómenos asociados a la criminalidad transfronteriza.
El punto de partida es el propio escenario en el que la armonización se fragua, la Unión Europea, atendiendo a las particularidades de sus instituciones, procedimientos legislativos y competencias para legislar en materia penal, todo ello bajo el prisma de las numerosas y profundas reformas introducidas por el Tratado de Lisboa en el panorama jurídico comunitario.
Seguidamente, se analiza la evolución del proceso armonizador del Derecho penal, tanto procesal sustantivo, con especial detenimiento en las tipologías delictivas sobre las que ha tenido una incidencia más marcada: los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, contra el medio ambiente, los cometidos a través de la TIC¿s, el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas, la criminalidad organizada, el blanqueo de capitales, la falsificación de moneda y medios de pago, el cohecho y la corrupción en el sector privado.
Para concluir, se valora el impacto de la recepción de las directrices del legislador comunitario en el ordenamiento jurídico interno, en particular la posible erosión de dos de los principios limitadores fundamentales del Derecho penal, los de legalidad y proporcionalidad.
Beatriz Fernández Ogallar ejerce como abogada, especializada en Derecho penal patrimonial y económico. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid, en la que también obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho penal, y asimismo es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco.
