GONZÁLEZ DE LA GARZA, LUIS M.
La obra que el lector tiene en las manos está destinada a ofrecer una respuesta clara y concisa sobre los aspectos fundamentales de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Se trata de un manual práctico destinado a dar respuesta a las preguntas esenciales que se formularía el lector al interpretar la citada Ley. Con el mayor grado de claridad hemos tratado de ofrecer una respuesta sencilla pero completa a cada uno de los elementos que conforman las nuevas formas de relación de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia con la Administración de Justicia electrónica. La nueva Ley representa un giro radical y profundo en la forma de acceso electrónico a la Administración de Justicia. Lo anterior significa que será una circunstancia inexcusable para los profesionales practicar sus relaciones procesales mediante este canal de comunicaciones electrónicas y sus tecnologías asociadas. Este importante cambio o giro copernicano supondrá la necesidad de adaptar buena parte del procedimiento analógico al formato electrónico digital y, para ello, será preciso, cuanto antes, conocer exactamente las previsiones de la Ley en el sentido considerado. La fórmula de preguntas y respuestas creemos que es una metodología didáctica adecuada para una aproximación solvente al objeto de estudio. Su número, 315 preguntas, son las que consideramos necesarias y suficientes para un conocimiento inicial de la Ley. De esta forma, el manual será un excelente prontuario para resolver dudas y ofrecer respuestas y soluciones claras en el marco del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, tales como el uso de la Firma Electrónica, la tramitación electrónica, que incluye la forma de iniciación del procedimiento electrónico, la presentación de escritos, documentos u otros medios o instrumentos de acceso electrónico, el traslado de copias electrónicas, la acreditación de la representación procesal, las formas de acceso de las partes a la información sobre el estado de tramitación del proceso, las formas de actuación judicial automatizada, así como la subsanación de actos procesales o el expediente electrónico, entre muchos otros aspectos relevantes contemplados por la ley, son objeto de estudio detallado en la monografía. La vocación práctica de la obra hará de ella un instrumento de aprendizaje imprescindible para los Abogados; Procuradores; Estudiantes de Derecho Procesal; Secretarios Judiciales, Jueces y Fiscales, así como los particulares en lo que respecta a las previsiones que para éstos reserva la Ley
